"¡Exprópiese!". Poco tiempo atrás no era raro ver a Hugo Chávez en televisión nacional decretando la toma por parte del Estado de alguna empresa u edificio.
Las expropiaciones han sido una de las constantes en el gobierno del presidente venezolano, aunque antes de llegar al poder, en 1999, insistiera en que no tenía ninguna intención de llevar a cabo nacionalizaciones.
Lo cierto es que con la declaración de utilidad pública y en aras de construir un modelo de desarrollo productivo socialista, el gobierno lleva desde hace años una política de expropiaciones.
El resultado, argumentan tres economistas en el libro de reciente publicación, "Gestión en rojo”, deja que desear pues no han cumplido los objetivos trazados.
Dificultades
Richard Obuchi, Anabella Abadi y Bárbara Lira, del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), evaluaron 16 empresas que fueron intervenidas, absorbidas o creadas por el Estado en los últimos diez años.
"Hay dificultad para cumplir las metas, algunas incluso producen menos que antes de ser expropiadas. No son autosustentables, tienen a ser deficitarias, requieren subsidios y en algunos casos no tienen suficientes ingresos para pagar la nómina completa"
Richard Obuchi, coordinador de "Gestión en rojo"
No se centraron en el estudio de los casos más conocidos, como la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) o la Compañía Nacional de Teléfonos (Cantv), sino en los que han sido menos divulgados.
"Hay dificultad para cumplir las metas, algunas incluso producen menos que antes de ser expropiadas. No son autosustentables, tienen a ser deficitarias, requieren subsidios y en algunos casos no tienen suficientes ingresos para pagar la nómina completa", le dice Obuchi a BBC Mundo.
"Hay poca claridad acerca de los medios para lograr los objetivos, no de los fines. Por muy loable que sea vender a precios bajos, el tema es cómo hacer para que la producción se mantenga, de dónde van a venir los recursos", agrega.
El gobierno destinó, entre 2007 y 2009, más fondos para pagar expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la petrolera estatal Pdvsa (US$23.377 millones contra US$21.931 millones),
Se trata de más recursos que los que destinó Pdvsa a gasto social entre 2001 y 2009.
Sin embargo, al menos las empresas evaluadas en "Gestión en rojo" dejan ejemplos de casos emblemáticos en el peculiar manejo de las compañías.
Lejos de la meta
Obuchi destaca el caso de Venirauto, una empresa mixta creada en 2006 entre Venezuela e Irán con el objetivo inicial de producir dos años después unos 26.000 automóviles, una cifra que luego fue revisada a la baja.
Soberanía alimentaria
El gobierno insiste desde hace tiempo, y lleva adelante una política en ese sentido, con que Venezuela debe ser soberana en términos de alimentación, pero el 70% de los alimentos consumidos en el país deben ser importados.
El economista destaca que hasta 2009 apenas se habían adjudicado 2.000 unidades.
Y está la situación de Cargill, cuya planta procesadora de arroz fue expropiada en marzo de 2009 pues el 70% de su producción no era del tipo de arroz paddy, tal cual establecía la ley, sino del parboiled.
De hecho la planta estaba equipaba solamente para procesar este último tipo de arroz.
Tras ser expropiada sigue produciendo arroz parboiled.
Otro de los ejemplos que brinda el libro es el de la planta procesadora de cítricos Roberto Bastardo, inaugurada en 2009 tras la expropiación de la empresa Frutícola Caripe, que entre los 70' y los 90' procesaba 13.000 toneladas de naranja en una zafra.
La nueva compañía comenzó con una producción que llegaba al 13% de lo generado en la antigua firma.
Objetivos
"Hay una clara intención del gobierno de tener un control directo e indirecto en la actividad económica", dice Obuchi.
"Sin embargo –agrega– a veces parece obedecer a cosas coyunturales. Entre 2002 y 2005, el principal argumento era la estabilidad laboral, la idea de proteger al trabajo. Luego fue el de la soberanía alimentaria, que coincidió con el momento de la escasez. Y también se habló del desarrollo endógeno".
Otras de las razones esgrimidas por el gobierno han sido las del uso inadecuado de los medios de producción o el estímulo a la producción nacional.
Y si esos fueron los argumentos, la puesta en práctica, resaltan los autores, se vio facilitada por la disponibilidad de recursos financieros y por el control institucional.
"Se busca una economía sana, transparente, no especulativa y con precios justos"
Simón Escalona, ex vicepresidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional
De acuerdo al Plan Socialista de la Nación, que comprende los años 2007 a 2013, el Estado debe conservar "el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país (…) Esto conlleva identificar cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quiénes la tendrán bajo su pertenencia".
"Es una política económica que encaja con el desarrollo productivo del país, con el crecimiento económico fortaleciendo a la vez los programas sociales", explica Simón Escalona, militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ex vicepresidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
"Se busca una economía sana, transparente, no especulativa y con precios justos", agrega.
"La mayor parte (de las expropiaciones) ha sido positiva. Son empresas que se están reactivando y están aportando mucho al Producto Interno Bruto", señala.
Escalona destaca algunos casos de empresas nacionalizadas que sí han dado beneficios como Cantv, Sidor o Corpoelec, la estatal eléctrica.
Aunque reconoce que "algunas están un poco rezagadas".
Y asegura que la política de expropiaciones no está en contra de la propiedad privada, que -aclara- está protegida por la Constitución y por las leyes, sino que se busca acabar con la especulación.
Aunque desde el gobierno se defiendan las medidas tomadas, Obuchi opina que los resultados de algunas de las empresas expropiadas "son una alerta de la necesidad de tomar correctivos, que muestra los riesgos inherentes a la propiedad pública de las empresas".
El economista hace hincapié en los peligros de que no haya claridad en las reglas de juego pues, asegura, "el proceso de expropiaciones crea un espacio muy grande de incertidumbre para un potencial inversionista".
